El pasado 25 de marzo de 2025, el Primer Tribunal Electoral Metropolitano de Chile decidió inhabilitar a Cathy Barriga Guerra, exalcaldesa de Maipú, para ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años. Esta decisión se deriva de denuncias presentadas por concejales de ambos períodos de su administración, así como de la actual gestión municipal, quienes acusaron a Barriga de cometer serias faltas administrativas y éticas durante su mandato entre 2016 y 2021.
El tribunal encontró a Barriga culpable de diversos actos irregulares, incluyendo el uso indebido de recursos municipales para promover su imagen personal a través de campañas, eventos y materiales. Entre las acusaciones específicas figuran el financiamiento de un viaje a Mendoza, Argentina, para asistir a una función de ballet sin justificación adecuada, así como la adquisición de artículos de lujo como collares Swarovski y paraguas institucionales amarillos para su uso personal. También se le acusa de utilizar instalaciones municipales para celebraciones privadas.
Una preocupación central fue la mala gestión financiera, donde se señala que Barriga alteró estructuras administrativas para eludir controles internos, comprometiendo así la fiscalización y violando principios democráticos en la gobernanza municipal. Además, se destacó su falta de cumplimiento con acuerdos municipales y el retraso en entregar información a los organismos reguladores, lo que obstaculizó la supervisión de servicios esenciales como el suministro de agua.
Estas acciones fueron consideradas graves violaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley N°18.695) y a los estándares de ética pública en Chile. Aunque Barriga enfrenta detención preventiva debido a cargos criminales por fraude fiscal, ella y su equipo legal desmienten todas las acusaciones, argumentando que son una estrategia política para desprestigiar su reputación.
El tribunal, sin embargo, rechazó estas defensas, subrayando la gravedad de las faltas cometidas. La sentencia de inhabilitación se hará efectiva una vez que la resolución sea definitiva, aunque existe la posibilidad de apelar ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Este caso se desarrolla en paralelo a los procedimientos penales en curso donde Barriga enfrenta cargos relevantes que podrían traducirse en consecuencias legales adicionales.