En un giro inesperado en el ámbito político chileno, el presidente Gabriel Boric ha sido acusado de acoso sexual en una denuncia penal que ha sacudido a la nación. La noticia surgió ante la atención pública tras confirmarse la existencia de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Magallanes, zona natal de Boric, hacia principios de septiembre. Lo que hace que esta denuncia sea especialmente impactante es que los supuestos eventos ocurrieron hace más de una década, cuando Boric recién había completado su licenciatura en derecho.
La defensa de Gabriel Boric ha respondido con firmeza a las alegaciones. Jonatan Valenzuela, abogado del presidente, ha expresado categóricamente que su cliente niega todos los cargos en su contra. Según Valenzuela, la denuncia no tiene fundamento, y destaca que la mujer que presentó la demanda previamente envió numerosos correos electrónicos al presidente que nunca fueron solicitados por él. Estos correos, añade, incluían imágenes explícitas, un punto que hace cuestionar la naturaleza de la interacción inicial.
El momento en que surgieron estas acusaciones no podría ser más delicado para Boric y su gabinete. Mientras que el sistema político chileno se sacude con el impacto de estas afirmaciones, el presidente también lidia con la crisis resultante de otro escándalo de abuso sexual que involucró a uno de sus altos funcionarios. Este es el caso de un ex viceministro del Interior que recientemente fue arrestado bajo sospecha de haber violado a una subordinada. Los paralelismos entre ambos casos han captado la atención de los medios, aunque ambos difieren considerablemente en contexto y detalles.
Para abordar seriamente la denuncia, un equipo especial de la fiscalía ha tomado las riendas para investigar las alegaciones. Cristian Crisosto, quien encabezará este equipo en la Fiscalía de Magallanes, ha confirmado que el caso está en marcha. Este desarrollo muestra una determinación por parte de las autoridades judiciales de no dejar piedra sin mover en la búsqueda de la verdad. Sin embargo, el presidente Boric, amparado bajo la inmunidad especial de su cargo, no podrá ser investigado formalmente a menos que se inicie un proceso de juicio político por el departamento de justicia.
La noticia ha generado un espectro de reacciones tanto a nivel nacional como internacional. Algunos sectores consideran que la denuncia forma parte de un juego político diseñado para dañar la reputación del presidente justo cuando su administración enfrenta desafíos significativos. Otros, sin embargo, instan a que se tome muy en serio toda acusación de esta naturaleza y que se investigue a fondo sin importar el tiempo transcurrido desde los presuntos hechos. El caso también está siendo observado de cerca fuera de Chile y pone un reflector sobre el tratamiento de los casos de acoso sexual en las altas esferas del poder.
El legado de Gabriel Boric, quien no puede aspirar a la reelección en 2026, podría verse empañado independientemente del final del caso. La acusación se convierte en un desafío adicional para su gobierno, que debe balancear la estabilidad política interna con la percepción pública y el escrutinio internacional. Mientras las investigaciones continúan su curso, la incertidumbre reina sobre el impacto esperado que estas acusaciones tendrán en su administración a medida que se acerca la conclusión de su mandato.