La integridad del sistema judicial chileno se encuentra bajo una lupa intensa. El 30 de diciembre de 2025, María Cristina Gajardo Harboe, ministra de la Corte Suprema, presentó cargos formales contra tres altos directivos de la administración judicial. La acusación es grave: presunta "venta de servicios" y conflicto de interés al comercializar conocimientos internos del Estado.
Los señalados son Mario Lara Orellana, jefe del Departamento de Desarrollo Institucional; Esteban Paiva Jara, líder del Subdepartamento de Modernización; y Pablo Cabezas Fernández, director del Laboratorio de Innovación. Todos pertenecen a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).
Un sumario que revela negocios privados con recursos públicos
El origen de este escándalo se remonta a octubre de 2025, cuando una denuncia anónima llegó a manos de la Corte Suprema. Lo que siguió fue un sumario administrativo reservado, dirigido por la propia ministra Gajardo. Los hallazgos fueron contundentes: entre 2024 y 2025, estos funcionarios no solo cumplieron sus roles institucionales, sino que ofrecieron servicios remunerados a terceros.
Aquí está el detalle clave. No actuaron solos ni de forma aislada. Utilizaron una sociedad llamada Innovectio SpA, de la cual serían socios, para canalizar estas operaciones. Según los antecedentes, esta empresa sirvió como vehículo para ofrecer servicios en Argentina y Chile, y, más preocupante aún, para vender soluciones tecnológicas al extranjero.
La investigación detectó que la República Dominicana contrató a estos profesionales. Pero ¿qué vendían exactamente? Se sospecha fuertemente que comercializaban software interno desarrollado dentro del Poder Judicial de Chile. Es decir, estaban monetizando herramientas creadas con fondos públicos y conocimiento adquirido en su cargo oficial.
De la investigación administrativa a la posible cárcel
La ministra Gajardo no dudó en calificar estos hechos como potenciales delitos. Al considerar que los servicios ofrecidos estaban "relacionados directamente con las funciones que cumplen en la CAPJ", estimó que se configuraba el delito de "negociación incompatible". Esta figura penal sanciona a quienes usan su posición pública para beneficio privado.
Como consecuencia, los antecedentes fueron remitidos al fiscal nacional Ángel Valencia. Ahora corresponde al Ministerio Público decidir si abre una investigación penal formal. Mientras tanto, las consecuencias administrativas ya han comenzado a materializarse.
En mayo de 2026, el Consejo Superior de la CAPJ tomó medidas drásticas. Decidió proponer la destitución de los tres funcionarios y abrir un "cuaderno de remoción". Una publicación de Bío Bío Chile resumió la situación con una frase contundente: "Todo por la venta de servicios al extranjero". Las puertas de la institución, al menos por ahora, parecen cerrarse para ellos.
Impacto institucional y reacciones mediáticas
Este caso ha sacudido la confianza ciudadana. Medios como El Mostrador, Bío Bío Chile (específicamente su unidad BBCL Investiga) y Atacama Noticias han detallado cómo el uso indebido de información privilegiada puede corromper la función pública. La periodista Vicente Godoy García destacó la falta de notificación a la superioridad y las omisiones en las declaraciones de intereses de los implicados.
La ironía es palpable: funcionarios encargados de modernizar e innovar el sistema judicial utilizaron esa misma innovación para evadir controles. La venta de software interno a otro país no es solo un conflicto de interés; es una potencial fuga de propiedad intelectual estatal.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es el delito de negociación incompatible?
Es un delito tipificado en el Código Penal que sanciona a los funcionarios públicos que realizan negocios privados relacionados directamente con las funciones que ejercen en su cargo. Implica un conflicto de interés donde el servidor público prioriza o busca beneficio personal utilizando su posición oficial, lo cual está prohibido para garantizar la imparcialidad y la ética en la administración del Estado.
¿Quiénes son los principales acusados en este caso?
Los tres funcionarios son Mario Lara Orellana, jefe del Departamento de Desarrollo Institucional; Esteban Paiva Jara, jefe del Subdepartamento de Modernización; y Pablo Cabezas Fernández, jefe del Laboratorio de Innovación. Todos forman parte de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) y fueron denunciados por usar su cargo para ofrecer servicios externos.
¿Qué papel jugó la empresa Innovectio SpA?
Innovectio SpA es una sociedad privada de la cual los tres funcionarios investigados serían socios. Se utilizó como vehículo legal para ofrecer y facturar servicios profesionales remunerados a terceros, incluyendo ofertas en Argentina, Chile y la venta de software al Poder Judicial de la República Dominicana, ocultando así el conflicto de interés con sus funciones públicas.
¿Cuáles son las consecuencias actuales para los funcionarios?
Administrativamente, el Consejo Superior de la CAPJ propuso su destitución y abrió un cuaderno de remoción en mayo de 2026. Penalmente, los antecedentes están en manos del fiscal nacional Ángel Valencia, quien evaluará si procede una investigación formal por negociación incompatible, lo que podría derivar en proceso judicial y penas de prisión si se confirman los cargos.
¿Cómo inició la investigación sobre estos hechos?
Todo comenzó con una denuncia anónima presentada en octubre de 2025 ante la Corte Suprema. Esto motivó a la ministra María Cristina Gajardo Harboe a instruir un sumario administrativo reservado. Tras meses de investigación interna que concluyeron en diciembre de 2025, se formularon los cargos y se hizo pública la denuncia por la presunta venta de servicios tecnológicos del Estado.
